Mientras se restringen beneficios sociales a miles de argentinos y se endurece el discurso contra migrantes de países vecinos, el Gobierno de Milei habilita asignaciones para ciudadanos israelíes residentes en el país. ¿Dónde queda el ajuste cuando se trata de aliados estratégicos?
Opinión17/06/2025
José Alberto Coria
El gobierno de Javier Milei oficializó esta semana un convenio de seguridad social con Israel que permite a ciudadanos de ese país acceder a prestaciones como jubilaciones, pensiones, asignaciones por maternidad y discapacidad en la Argentina. El acuerdo había sido firmado en febrero, entró en vigencia en mayo, y fue reglamentado el 12 de junio mediante su publicación en el Boletín Oficial.
El tratado establece un principio de reciprocidad: lo que se otorga en Argentina a israelíes, también se brindaría a argentinos que residen en Israel. Sin embargo, lo que ha encendido el malestar social no es el mecanismo técnico del acuerdo, sino el contexto en el que se implementa.
Con una economía asfixiada por el ajuste, jubilaciones congeladas, hospitales desfinanciados, universidades al borde del colapso y un Estado que se repliega cada día más, el anuncio cayó como un balde de agua fría. ¿Cómo se explica que mientras se recortan planes, se vetan aumentos y se promueve una reforma migratoria restrictiva, se abran las puertas a nuevos compromisos fiscales con ciudadanos de otro país?
La contradicción es tan evidente como inquietante. Hace semanas, desde el oficialismo se fogonea la idea de quitar asignaciones a migrantes bolivianos y paraguayos. Se los presenta como una “carga para el Estado”, como si fueran responsables del déficit. Pero ahora se abren beneficios a ciudadanos israelíes, bajo un marco legal distinto, sí, pero con el mismo resultado: gasto público en materia social.
¿Es menor el gasto por tratarse de un tratado bilateral? ¿Tiene menos impacto porque está orientado hacia un país con el que el presidente se siente ideológicamente cercano? ¿Hay beneficiarios más legítimos que otros?
El problema no es el convenio en sí mismo -que de hecho podría tener lógica en un país con equilibrio fiscal y justicia social garantizada- sino su implementación selectiva en un país en emergencia. Es ahí donde aparece la doble vara. No se trata de xenofobia ni de aislacionismo, sino de sentido común y equidad: si hay recursos para sostener asignaciones a extranjeros, ¿por qué no hay para recomponer las jubilaciones mínimas de los propios argentinos?
La política exterior no puede divorciarse de la realidad social interna. Un gobierno que predica el orden fiscal no puede actuar con liviandad cuando se trata de beneficiar a quienes están alineados políticamente. Porque entonces el ajuste no es un plan de saneamiento, sino una herramienta de castigo selectivo.
Con este convenio, Milei no solo refuerza su alineamiento geopolítico, sino también una peligrosa señal de desprecio hacia la igualdad ante la ley. Una Argentina que otorga beneficios sociales por simpatías ideológicas y los niega por diferencias culturales o políticas, no es una Argentina más ordenada. Es una Argentina más injusta.
Por José Alberto Coria
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