¿Quién cuida a Piquete?

Piquete Cabado es una de esas localidades que, pese a su historia y su gente, queda atrapada entre los trazos fríos de los mapas oficiales y la indiferencia práctica del poder. Administrativamente depende de Joaquín V. González, pero en la vida real, su cercanía con Las Lajitas -a solo 9 kilómetros- la vincula mucho más con este último municipio. Y sin embargo, en la política, esas realidades no siempre importan.

Esta localidad con casi mil pobladores se encuentra a 34 kilómetros de González y a apenas 9 de Las Lajitas, pero quienes viven allí deben gestionar sus problemas ante autoridades que están, literalmente, más lejos. La distancia no es solo geográfica: también es institucional, afectiva y, lo más grave, funcional. En los hechos, muchos vecinos sienten que no son prioridad para nadie.

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Este caso, que puede parecer menor, es en realidad un síntoma de algo más grande: la necesidad de revisar los límites, competencias y responsabilidades del Estado. Hoy más que nunca, la región necesita discutir en serio la actualización del mapa político-administrativo. No con criterios arbitrarios ni oportunistas, sino con la mirada puesta en la accesibilidad, la eficiencia y el derecho real de los ciudadanos a ser escuchados y atendidos.

Porque no se trata solo de líneas en un papel. Se trata de escuelas, centros de salud, obras públicas, transporte, seguridad y tantas otras cuestiones que definen la calidad de vida. Y cuando la administración no se adapta al territorio, todo se vuelve más costoso para el Estado y menos efectivo para la gente. Para decirlo claro: le cuesta más al municipio de Joaquín V. González operar en Piquete Cabado que lo que le costaría a Las Lajitas, que está mucho más cerca. Esa desigualdad termina perjudicando a todos: a los vecinos que no reciben respuestas y al municipio que debe hacer esfuerzos desproporcionados para llegar.

Es hora de decirlo sin vueltas: habría que transferir la responsabilidad sobre Piquete Cabado a Las Lajitas, y con ella, también los recursos. No se trata de sacarse problemas de encima, sino de administrar mejor. De garantizar derechos. De hacer que el Estado funcione donde debe, y como debe.

La política, los legisladores, los intendentes y los referentes sociales deben animarse a dar este debate. No para generar conflictos, sino para construir soluciones. Para que, finalmente, el Estado llegue a todos, y no solo a los que le quedan más cerca.

Por José Alberto Coria | Director de Expresión del Sur