Si este caso no se aclara con urgencia y con pruebas, el costo será altísimo no solo para Milei, sino también para la credibilidad de las instituciones democráticas.
Opinión25/08/2025
José Alberto Coria
El presidente Javier Milei atraviesa un momento de máxima fragilidad legal y política a raíz del escándalo de coimas que golpea de lleno a su gobierno. La denuncia que expone la trama de corrupción no vino de la oposición ni de un sector desplazado del poder, sino de un lugar mucho más cercano: su abogado y amigo personal, Diego Spagnuolo.
Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de la Discapacidad -Andis-, está en el centro de la investigación judicial que llevan adelante el juez federal Sebastián Cassanello y el fiscal Franco Picardi. Su teléfono fue secuestrado, tiene prohibida la salida del país y se lo considera una pieza clave en la causa, aunque todavía no se encuentre formalmente imputado. Lo que agrava la situación es que los audios que lo involucran apuntan directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem, en un esquema de presuntas coimas vinculadas a la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker.
Estamos ante un escándalo de dimensiones inéditas para un gobierno que aún se presenta como adalid de la transparencia. La pregunta inevitable es: ¿qué hará Milei ahora que su propio abogado y confidente lo arrastra a un terreno de enorme debilidad institucional?
Lo más preocupante, sin embargo, es el silencio del oficialismo. Ninguna voz relevante del gobierno salió a dar explicaciones claras sobre las acusaciones que comprometen a la máxima autoridad del país y a su círculo íntimo. En una república, el silencio oficial no es una estrategia política; es una amenaza a la confianza pública.
Si este caso no se aclara con urgencia y con pruebas, el costo será altísimo no solo para Milei, sino también para la credibilidad de las instituciones democráticas. El avance de la corrupción, cuando no encuentra freno, termina erosionando todo a su paso.
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