La curadora oficial del Ministerio Público Pupilar aclaró que los defensores provinciales no tienen competencia para accionar en estos casos y brindó recomendaciones para que los beneficiarios realicen sus trámites de manera correcta ante la Agencia Nacional de Discapacidad.
Sociedad29/08/2025
José Alberto Coria
La suspensión y quita de pensiones no contributivas a personas con discapacidad generó preocupación social y motivó un pedido en la Legislatura salteña. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto impulsado por el legislador Luis Mendaña que solicitaba la intervención del Ministerio Público Pupilar provincial y de los defensores públicos nacionales.
Sin embargo, la curadora oficial del Ministerio Público Pupilar, María José Miranda, aclaró que la competencia judicial en estos casos corresponde al fuero federal. “Las pensiones no contributivas abarcan a un universo inmenso de personas con discapacidad. Mal podría el Ministerio Público provincial intervenir por todos los casos, ya que solo nos corresponde actuar en situaciones vinculadas a la discapacidad mental o al consumo de sustancias”, explicó en diálogo con FM Profesional.
Miranda sostuvo que la acción judicial debe dirigirse contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un organismo nacional, lo que implica que solo los defensores federales pueden accionar: “Yo no puedo demandar al Estado Nacional porque eso es competencia del Juzgado Federal y requiere matrícula federal. Las familias deben dirigirse a la Defensoría Federal en Dean Funes y España”, precisó.
La curadora brindó además recomendaciones prácticas para los beneficiarios y familiares, según cada situación:
“Lo recomendable es que los familiares manden directamente los correos electrónicos. Ir a la oficina de calle Belgrano es perder tiempo porque ahí mismo terminan indicando que todo se gestione por mail”, advirtió Miranda.
“Una buena y una mala”
Consultada sobre la iniciativa del diputado Mendaña, la funcionaria respondió: “Por lo que tengo entendido, no se comunicó con nosotros. La mala es que no tenemos competencia federal para accionar en todos los casos. La buena es que sí estamos ayudando a resolver situaciones administrativas, evitando que personas vulnerables pierdan su beneficio por errores de notificación o problemas de domicilio”.
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