Jubilados y pensionados: la brecha entre ingresos y canasta básica sigue creciendo

La situación de los jubilados y pensionados del país sigue siendo un tema de mucha preocupación. Según los últimos relevamientos, el costo de vida de un adulto mayor en las principales ciudades del país supera los $1.500.000 mensuales. En contraste, la jubilación mínima, sumada al bono extraordinario vigente, alcanza aproximadamente $396.000, lo que evidencia una diferencia que los coloca en una situación de vulnerabilidad económica permanente.

El análisis detallado de los distintos rubros que conforman la canasta básica muestra que alimentación y la medicación concentran casi la mitad del gasto mensual, mientras que vivienda, servicios y limpieza cubren el resto de los requerimientos esenciales. Los ajustes aplicados a los haberes, regidos por la Ley de Movilidad Jubilatoria, se calculan sobre índices de inflación de meses previos, lo que provoca que las actualizaciones no reflejen el ritmo real del aumento de precios y erosiona el poder adquisitivo de los beneficiarios.

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Más de cuatro millones de jubilados perciben la mínima complementada con el bono, que desde marzo de 2024 permanece congelado. Lo mismo ocurre con las Pensiones No Contributivas y la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM), haberes que quedan muy por debajo de los costos que exige la vida cotidiana. La falta de actualización de este beneficio extraordinario y su exclusión en el cálculo del aguinaldo agravan la situación de quienes dependen de estos ingresos para cubrir sus necesidades básicas.

El ajuste automático por inflación, aplicado de manera retroactiva, mantiene los haberes nominalmente actualizados, pero no asegura el poder adquisitivo real. Esta situación revela que la política previsional actual no logra responder de manera efectiva a la presión constante de los precios sobre los ingresos de los adultos mayores, generando un desfasaje que se prolonga en el tiempo.

Resulta imprescindible que las políticas públicas contemplen medidas adicionales que permitan a los jubilados y pensionados cubrir sus necesidades esenciales. El desfase entre los haberes mínimos y el costo real de la canasta básica no solo refleja desigualdad, sino que exige replantear la forma en que el Estado garantiza ingresos dignos a quienes durante toda su vida laboral aportaron al sistema previsional.