IPS: La solidaridad no se sostiene si quiebra al sistema

El Instituto Provincial de Salud (IPS) atraviesa una de las crisis más profundas de su historia. El colapso financiero, que derivó en una intervención administrativa por decreto, dejó al descubierto una realidad incómoda pero insoslayable: el modelo de solidaridad extrema con el que se manejó la obra social durante años, finalmente se volvió insostenible.

Con una deuda superior a los 25 mil millones de pesos, prestadores con pagos atrasados de hasta cinco meses y un esquema de aportes absolutamente desactualizado, el sistema que asiste a unos 270 mil salteños venía funcionando al borde del abismo. A esto se sumó la alta inflación, la volatilidad en el precio de medicamentos e insumos, y un deterioro constante que ni los esfuerzos extraordinarios de la Provincia lograron revertir.

Por eso, el aumento de los aportes al IPS, decidido en marzo, no fue un capricho. Fue una medida necesaria, aunque su implementación sin previo aviso provocó serios desequilibrios en los municipios, que se vieron obligados a asumir costos que en muchos casos superaron los $5 millones adicionales por mes. También impactó de lleno en el bolsillo de los trabajadores, que pasaron de aportar $19.000 a $50.000 o más, con sueldos que ya venían castigados.

Tras el golpe del nuevo aporte al IPS, la Provincia sale al auxilio de los municipios

Pero el problema no nació en esa decisión. Venía de antes. Mientras afiliados aportaban cifras modestas, el IPS cubría hasta el 70% del costo de las prestaciones en clínicas y hospitales, y los coseguros completaban el resto. Por ejemplo: un grupo familiar podía aportar $20.000 al IPS y $80.000 al coseguro, pero recibir prestaciones por cientos de miles de pesos, sin que los ingresos reales del Instituto compensaran semejante erogación.

El resultado era previsible: la solidaridad se volvió inviable. No porque se pierda el principio, sino porque ningún sistema resiste cuando el financiamiento está quebrado. La solidaridad, para ser efectiva, necesita sustentabilidad.

Ante este panorama, el Gobierno de Salta actuó en dos frentes. Por un lado, intervino el IPS, desplazando a su Directorio y designando al contador Emilio Savoy como interventor por 180 días, con la misión urgente de sanear las cuentas, auditar los gastos, ordenar las prestaciones y restablecer el equilibrio institucional. Por otro, y con igual urgencia, respondió al reclamo de los intendentes, que a través del Foro de Intendentes, canalizaron la preocupación por el impacto del nuevo régimen de aportes.

Buena noticia para los municipales: la Provincia asistirá con los aportes al IPS

Fue precisamente desde la Comisión Directiva del Foro, presidida por Marcelo Moisés, que se gestó el pedido de una solución concreta para evitar que los municipios colapsaran financieramente. Y la respuesta llegó esta semana: el Gobierno activará el Fondo Compensador Municipal para cubrir el desfasaje de aportes hasta diciembre, con reconocimiento retroactivo a marzo.

El ministro Sergio Camacho, anunció esta herramienta que busca aliviar la carga sin romper el equilibrio fiscal provincial, en línea con la decisión del gobernador Gustavo Sáenz, que una vez más pone el cuerpo donde la Nación se retira.

Porque no hay que perder de vista lo esencial: en tiempos de ajuste feroz a nivel nacional, la Provincia sigue eligiendo acompañar, contener y sostener, incluso cuando eso implica cubrir huecos que no le son propios, pero que afectan de lleno a los salteños.

Este episodio deja una lección para todos los actores del sistema: no alcanza con ser solidarios si no se corrigen los desequilibrios estructurales. La salud no puede financiarse con voluntarismo. Requiere reglas claras, aportes proporcionales, control, diálogo y planificación.

Y sobre todo, requiere responsabilidad institucional para tomar decisiones difíciles, como las que hoy están en marcha. Porque si la solidaridad quiebra al sistema, deja de ser un derecho compartido y se convierte en una promesa rota.

Por José Alberto Coria